Portabilidad regulatoria

Una empresa que cruza una frontera de LATAM enfrenta aprobaciones duplicadas, y solo unos 14 de los 33 países están en el PCT. Constituye un Régimen 34 voluntario como acuerdo plurilateral sobre mecanismos existentes.

El fundamento

El panorama de políticas de deep tech de América Latina es un mosaico. Varios países tienen estrategias y programas de transferencia tecnológica, pero una empresa que cruza una frontera enfrenta aprobaciones duplicadas, incentivos dispares y una regulación lenta y caso por caso. La fragmentación es medible en la capa de propiedad intelectual: una sola solicitud PCT es reconocida por 158 Estados contratantes, pero solo unos 14 de los 33 países de la región son miembros, con Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela por fuera. Inversores y fundadores coincidieron en la investigación: la capa que falta es la coordinación, reglas portables y la capacidad institucional que permita a una empresa escalar en toda la región bajo un solo marco predecible.

El nombre es el diseño: 33 países más un régimen opcional, en espejo con los 27 más un Régimen 28 de la UE. Sería voluntario y modular, y ofrecería aprobaciones estandarizadas, sandboxes regionales, trámites digitales y credenciales portables a los Estados que decidan sumarse, por fases. El informe deja abierto el vehículo constitutivo y su propia ficha de recomendación lo responde: un acuerdo plurilateral alojado en la CELAC o en la Alianza del Pacífico, pilotado sobre mecanismos que ya existen. La identidad digital transfronteriza está pasando del piloto a la práctica con el Ciudadano Digital del Mercosur, y el Mercosur y la Alianza del Pacífico firmaron en 2025 el reconocimiento mutuo de sus programas de Operador Económico Autorizado.

Un marco de alcance regional suena políticamente irrealista y el informe lo admite. No hay una autoridad supranacional al estilo de la UE, ni una columna legal compartida, ni un custodio obvio para estándares, actualizaciones y resolución de disputas. El argumento a favor de un diseño voluntario y modular es que puede bajar el costo de soberanía lo suficiente para permitir una adopción por fases y crear incentivos de convergencia; eso es una hipótesis y nadie la ha probado. Lo que ya no es hipotético es que la versión europea pasó de la petición a la legislación: la Comisión presentó su propuesta de Régimen 28 el 18 de marzo de 2026, quince meses después de que los fundadores la pidieran.

La evidencia

Primeros movimientos

1. 0–6 meses

   Publica el inventario de portabilidad

   Mapea, país por país, qué aprobaciones, credenciales y trámites debe repetir una empresa de deep tech cuando cruza una frontera, y cuáles ya se reconocen bajo el Ciudadano Digital del Mercosur, el acuerdo de 2025 sobre Operador Económico Autorizado entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico o el reliance de la OPS. Publícalo como una tabla abierta y fechada.

   Secretaría de la coalición LADP + secretarías técnicas del Mercosur y de la Alianza del Pacífico
2. 6–18 meses

   Redacta la ley modelo y el instrumento de adhesión

   Produce una ley modelo para una etiqueta voluntaria de startup de deep tech que cubra constitución, acceso a sandboxes y credenciales portables, más el texto del acuerdo plurilateral necesario para su adopción por la CELAC o la Alianza del Pacífico, y consigue que dos gobiernos lo presenten.

   Ministerios nacionales de economía e innovación + una secretaría plurilateral (CELAC, Alianza del Pacífico)
3. 18–36 meses

   Opera la etiqueta en tres países bajo un solo custodio

   Lanza con tres Estados adherentes, nombra a la institución que mantiene estándares, actualizaciones y resolución de disputas, y publica la primera cohorte de empresas registradas bajo la etiqueta con lo que cada una deja de repetir.

   Gobiernos adherentes + la institución custodia designada

Cómo sabríamos que funcionó

• Estados que adoptaron la ley modelo o firmaron el acuerdo, publicados por la institución custodia, subiendo de cero a tres.
• Aprobaciones y credenciales que una empresa etiquetada deja de repetir al entrar a un segundo mercado, contadas contra la línea base del inventario de portabilidad.
• Empresas registradas bajo la etiqueta regional, reportadas cada trimestre por el custodio, y la proporción que sigue activa a los 24 meses.
• Estados de LATAM contratantes del PCT, según la lista viva de la OMPI, por encima de 14 de 33.

Qué puede salir mal

Quién actúa

Se apoya en

Los datos que la sustentan